Errores más comunes al redactar contratos de arrendamiento en España

El contrato de arrendamiento es el documento que define la relación jurídica entre propietario e inquilino, y su correcta redacción es esencial para evitar conflictos futuros. Sin embargo, la práctica demuestra que una gran parte de los contratos de alquiler firmados en España contienen errores, cláusulas ambiguas o disposiciones directamente contrarias a la Ley de Arrendamientos Urbanos. En un contexto donde el mercado del alquiler está cada vez más regulado y judicializado, comprender cómo prevenir estos fallos se ha convertido en una cuestión clave tanto para arrendadores como para profesionales del sector inmobiliario.

Uno de los errores más habituales es utilizar modelos de contrato genéricos descargados de internet. Estos documentos suelen estar desactualizados o no adaptados a la normativa vigente, que ha sufrido múltiples reformas en los últimos años. Cada contrato debe ajustarse a la realidad del inmueble, la duración pactada, el tipo de arrendamiento y la situación particular de las partes. Un texto estándar puede parecer una solución rápida, pero en la práctica se convierte en una fuente de inseguridad jurídica. La falta de precisión en aspectos como el importe de la renta, las actualizaciones anuales o los gastos asumidos por cada parte puede generar interpretaciones contradictorias que acaban en litigio.

Otro error frecuente consiste en no especificar claramente la duración del contrato. Aunque la ley establece una prórroga obligatoria de hasta cinco o siete años, dependiendo de si el arrendador es persona física o jurídica, el documento debe reflejar expresamente la fecha de inicio y la posibilidad de prórrogas sucesivas. Omitir esta información puede provocar que el contrato se considere indefinido o que el arrendatario adquiera derechos de permanencia más amplios de los previstos. De igual modo, conviene detallar las causas legítimas de resolución anticipada, especialmente cuando el propietario necesite recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar directo, de conformidad con el artículo 9.3 de la LAU.

También son comunes las cláusulas que intentan imponer condiciones contrarias a la ley. Por ejemplo, exigir depósitos superiores a las dos mensualidades permitidas, limitar el derecho de prórroga o trasladar al inquilino gastos que legalmente corresponden al arrendador. Este tipo de disposiciones, aunque se firmen, carecen de validez jurídica y pueden ser anuladas judicialmente. En los contratos de arrendamiento de vivienda, la normativa es imperativa en favor del arrendatario, lo que significa que ninguna cláusula puede perjudicarle respecto al régimen legal establecido.

La omisión de un inventario detallado del estado del inmueble es otro punto de conflicto. Un anexo con fotografías, descripción de muebles y electrodomésticos, así como el reconocimiento expreso de que la vivienda se entrega en buen estado de conservación, puede evitar posteriores reclamaciones por daños o desperfectos. Sin esta documentación, el arrendador se encuentra en una posición débil si al finalizar el contrato debe acreditar el deterioro causado por el inquilino.

En los contratos de arrendamiento de local de negocio se repiten errores similares. Es frecuente confundir la normativa aplicable o no prever adecuadamente la repercusión de obras, licencias y gastos de comunidad. En estos casos, la autonomía de la voluntad es mayor que en los contratos de vivienda, pero precisamente por eso resulta aún más necesario un texto claro, adaptado al tipo de actividad y redactado con precisión jurídica.

A menudo, las partes también olvidan incluir una cláusula de notificaciones válida. El correo electrónico o los sistemas de mensajería son útiles, pero no sustituyen al requerimiento formal mediante burofax con certificación de contenido. En procedimientos de desahucio o reclamación de rentas, la ausencia de una cláusula de comunicación efectiva puede alargar el proceso y restar fuerza probatoria al propietario.

En definitiva, redactar correctamente un contrato de arrendamiento no consiste en copiar un modelo, sino en anticipar los posibles problemas que pueden surgir durante la relación contractual. La intervención de un abogado especializado en derecho inmobiliario no solo garantiza la adecuación legal del documento, sino que evita cláusulas ineficaces, refuerza la posición del propietario y aporta seguridad jurídica a ambas partes. En LawKey Abogados trabajamos precisamente con esa filosofía: prevenir los conflictos antes de que lleguen a los tribunales, redactando contratos claros, equilibrados y plenamente conformes con la normativa vigente.